Resolución de Conflictos Societarios bajo la Ley de Emprendimiento e Innovación

La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación permite que los accionistas de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) pacten arbitraje estatutario para la resolución de disputas que se generen o guarden relación con la constitución o el funcionamiento de dicha sociedad, y, en general, con cualquier conflicto que surja entre los accionistas que la han constituido o aquellos que adquieran acciones en un futuro. Esta Ley constituye un importante avance en materia de resolución de disputas en el Ecuador.

El 28 de febrero de 2020, se publicó en el Registro Oficial Nº 151, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación (“LOEI”), que trajo importantes cambios en materia societaria en el país. Un avance importante es la inclusión de una nueva sociedad mercantil: la Sociedad por Acciones Simplificadas (“SAS”). Esta nueva sociedad, ofrece algunos beneficios en comparación con las otras sociedades mercantiles reconocidas por la legislación ecuatoriana. Entre estos beneficios se destacan: la posibilidad de que tanto el acto de constitución como los posteriores actos societarios, se perfeccionen por documentos privados, sin costos notariales o registrales; la posibilidad de que la SAS se mantenga con un solo accionista; que los accionistas puedan prever condiciones para la negociación de acciones hasta por 10 años, o que las acciones que se otorgan permitan el voto múltiple. En general, se trata de una nueva figura societaria, que dotas a los accionistas fundadores de una SAS mayor libertad para pactar, sin restricciones, la mayoría de las condiciones de manejo de la sociedad.

En materia de resolución de conflictos societarios, la LOEI permite que las diferencias que surjan entre los accionistas, la sociedad o los administradores de una SAS, puedan ser resueltas a través de un proceso de mediación. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la disputa podrá ser sometida a arbitraje si así se ha pactado en el estatuto social. Esta novedosa inclusión en la LOEI permitirá que disputas que abarcan temas relacionados con la existencia o funcionamiento de una SAS, incluyendo la impugnación de asuntos resueltos en una asamblea o junta directiva, puedan ser solucionadas a través de este mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Hay que tener presente, que por mandato del artículo 5 de la Ley de Arbitraje y Mediación, para que un convenio arbitral sea válido en el Ecuador, este deberá constar en un documento por escrito o en un intercambio de comunicaciones respecto del cual el Tribunal Arbitral pueda inferir el consentimiento de las partes de someterse a arbitraje. Un asunto recurrente en materia de disputas societarias, usualmente ocurre cuando las acciones han sido transferidas a un tercero que no participó durante la constitución de dicha sociedad mercantil. La pregunta es, ¿el tercero está obligado a someterse a un convenio arbitral que no firmó? De ser afirmativa la respuesta, ¿cómo se puede inferir su consentimiento? Siendo el arbitraje un procedimiento meramente consensual, es elemental dilucidar estas preguntas.

Al respecto, la LOEI estableció que en caso de que los constituyentes hayan pactado arbitraje en los estatutos de una SAS, al dorso de los títulos de acciones debe constar una mención a la cláusula compromisoria incorporada en dichos estatutos, con el fin de que los nuevos accionistas conozcan de la cláusula arbitraria, y mediante su firma, en el documento de cesión, la acepten expresamente.

Otra duda que esta nueva normativa presenta, es la posibilidad de recurrir al arbitraje de todas las sociedades mercantiles reconocidas por la legislación ecuatoriana aunque la Ley de Compañías no lo reconozca expresamente. Al respecto, vale recordar que para someterse a la jurisdicción arbitral únicamente es necesario que la materia se transable; y, en este sentido, más allá de este reconocimiento expreso establecido en la LOEI, no encontramos una limitación para hacer aplicable para todas las sociedades mercantiles, la posibilidad de que los conflictos que surjan entre los socios o accionistas, la sociedad o los administradores puedan ser sometidos al arbitraje, salvo en aquellos casos en los que la ley ha establecido un mecanismo especial de impugnación, como es el caso de las impugnaciones de las resoluciones de la junta general de accionistas, o la impugnación de las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad de control.

En conclusión, la LOEI constituye un importante avance para el arbitraje en el país y traerá, sin duda, muchas ventajas para la resolución de los conflictos que surjan en materia societaria.

Nota: Este es un documento informativo, no constituye asesoría u opinión legal.