¿Es el Financiamiento por Terceros el Futuro de la Resolución de Disputas en Ecuador?

Expertos financieros predicen que el mundo enfrentará una de sus mayores contracciones económicas después de la pandemia del COVID-19. Producto del incremento en las terminaciones contractuales durante la pandemia y de la gran tensión que existe en algunas industrias, el número de litigios va en aumento. Usualmente, durante una crisis económica las compañías tienden a ser cuidadosas y prudentes antes de iniciar nuevos procesos judiciales o arbitrales, esencialmente por un tema de costos (gastos arbitrales, honorarios legales). Sin embargo, el uso del financiamiento por terceros (third-party funding), un sistema bien establecido en países como Australia, puede ser la solución a este problema. Esta publicación explora el third-party funding como un mecanismo eficiente para futuras disputas en Ecuador.

El financiamiento por terceros (third-party funding o TPF por sus siglas en inglés) implica que un tercero, ajeno a una disputa, asuma una parte o la totalidad de los gastos relacionados con los costos legales para el inicio de un proceso judicial o arbitral. Como contraprestación, el tercero recibirá una suma de dinero a la fecha de expedición del laudo arbitral o sentencia, siempre que éstos fueren favorables a la parte que financia. El TPF ha sido utilizado por muchos años y se encuentra consolidado en países como Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. En América Latina, el TPF recién ha ganado notoriedad en los últimos años, particularmente en el financiamiento de disputas de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, aún es un nicho de mercado en desarrollo.

La parte que provee los fondos considera un arbitraje o un juicio como un activo financiero, es decir, que monetiza la disputa para obtener un valor económico de la misma. Cada litigio o arbitraje tiene un valor de recuperación esperado (expected recovery value), rubro que depende de los riesgos observados y proyectados. Este expected recovery value también depende de otros aspectos como los méritos del caso, la situación económica de la contraparte, los costos del proceso, el tiempo que tardará el caso hasta su resolución y la justificación respecto a la cuantificación de daños (lucro cesante y daño emergente). Por lo general, la parte que ha sido financiada por un third-party funder debe revelar esta información, y en algunos casos los términos del acuerdo de financiamiento, a su contraparte y al tribunal arbitral, esto, con el fin de evitar posibles conflictos de interés.

En el Ecuador, el financiamiento por terceros ha sido muy rara vez utilizado. La legislación nacional no hace ninguna referencia a esta alternativa. Sin embargo, tampoco existe una norma legal que la prohíba, por lo tanto, una parte bien podría utilizar un third-party funder para financiar su próxima disputa judicial o arbitral. En vista del gran impacto que la pandemia tendrá en muchas industrias en el Ecuador, seguramente algunos negocios tendrán problemas de liquidez para invertir en nuevos litigios o arbitrajes. Por lo tanto, el TPF puede ser una buena alternativa para que las compañías puedan presentar sus demandas. Es razonable asumir que este mecanismo se irá desarrollando con fuerza en el país en los próximos meses.

Nota: Este es un documento informativo, no constituye asesoría u opinión legal.