El Dilema Contractual de la Pandemia: Pacta Sunt Servanda contra Rebus Sic Stantibus

La pandemia del COVID-19 trae importantes reflexiones legales en materia contractual. A raíz de esta pandemia, las partes se enfrentan a un complejo dilema: honrar el principio del pacta sunt servanda o invocar la cláusula rebus sic stantibus como excepción al mismo. Esta publicación explora el balance entre estos dos principios legales en relación con la pandemia del COVID-19.

En el derecho civil y consuetudinario, el principio del pacta sunt servanda ha sido ampliamente reconocido como una regla de derecho internacional. Este principio representa la estabilidad de las relaciones contractuales. En resumen, el aforismo latino pacta sunt servanda manda que los contratos son ley para las partes y deben cumplirse. Este principio juega un papel fundamental en el derecho contractual y garantiza que una parte pueda confiar en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por su contraparte. Sin embargo, esta regla de derecho también admite excepciones. La cláusula rebus sic stantibus es una de ellas. Este principio permite a las partes liberarse de la fuerza vinculante de un contrato. En resumen, la cláusula rebus sic stantibus se fundamenta en el supuesto de que un contrato está sujeto a las circunstancias existentes al momento de su celebración. Por ello, si dichas circunstancias se ven alteradas, entonces una parte podría ser librada en el cumplimiento de una obligación contractual. Este principio prioriza la flexibilidad de los contratos y la buena fe.

En la mayoría de legislaciones, la pandemia del COVID-19 puede clasificarse como un caso de fuerza mayor porque se trata de un evento irresistible e imprevisible que imposibilita o vuelve más onerosa una obligación. Hay que tener presente, que el COVID-19 per se no es el evento de fuerza mayor, sino sus efectos, es decir, las respuestas de los gobiernos a la enfermedad (restricciones de circulación, toques de queda) los que son considerados como tal. Generalmente, la fuerza mayor es una justificación válida para el incumplimiento de una obligación contractual. Sin embargo, los jueces y árbitros tienden a ser muy cuidadosos con su aplicación porque suelen favorecer al principio del pacta sunt servanda por sobre otras consideraciones. Para que una excepción a este principio prospere, la parte que la invoque deberá probar que se cumplen ciertas condiciones (irresistibilidad, imprevisibilidad, externalidad y causalidad del evento).

Hay una diferencia importante entre una obligación imposible de cumplir (fuerza mayor) y una que se ha tornado más difícil u onerosa (hardship). En el caso de la fuerza mayor, la obligación debe ser de imposible cumplimiento. Por ejemplo, una aerolínea que no puede transportar pasajeros por restricciones de vuelo. En el segundo caso, la parte puede cumplir con la obligación pero esta se ha vuelto más onerosa de lo inicialmente convenido. Por ejemplo, en un contrato de construcción en el que la contratista requiere contratar más personal del planificado debido a restricciones de la jornada laboral impuestas por el Estado.

Para ejemplificar esta situación de mejor forma, imaginemos un contrato de construcción en el que la contratista alegue que, a raíz de la pandemia, se han incrementado los costos de los insumos drásticamente. Además, como consecuencia de ciertas restricciones, la contratista se verá obligada a contratar más personal que el que inicialmente tenía planificado, para poder terminar la obra a tiempo. Todos estos aspectos, sin duda, modifican las condiciones pactadas y podrían considerarse como los causantes de que el contrato se haya vuelto más oneroso. En vista del desequilibrio contractual producido, la contratista podría acudir ante un juez o árbitro y solicitar ciertas modificaciones en los términos del contrato original. Estas modificaciones implicarían una excepción al pacta sunt servanda y la aceptación de la doctrina de la excesiva onerosidad.

En conclusión, el principio de rebus sic stantibus no debe ser visto como una violación al principio del pacta sunt servanda sino como un reconocimiento a la buena fe que debe prevalecer en las relaciones contractuales para que ninguna parte se pueda beneficiar a expensas de su contraparte durante un evento de estas características. En vista de lo anterior, esta crisis requerirá que los jueces y árbitros decidan, caso por caso, cómo hacer un balance justo entre ambos principios.

Nota: Este es un documento informativo, no constituye asesoría u opinión legal.