Corte Constitucional Declara Procedentes las Objeciones al Proyecto de Ley de Extinción de Dominio

  1. El Pleno de la Corte Constitucional en sesión de 17 de marzo de 2021 resolvió declarar parcialmente procedentes las objeciones del Presidente de la República, Lenin Moreno, respecto de los artículos 4 y 72 del Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio (“el proyecto de ley”).

  2. De igual manera, la Corte declaró inconstitucionales más de 20 artículos del proyecto de ley.

  3. En el análisis de fondo del dictamen, si bien la Corte ha reconocido el derecho de todos los ciudadanos de vivir en una sociedad libre de corrupción (artículo 3) y los esfuerzos por parte de la Asamblea Nacional en atacar a este complejo problema, las medidas legislativas que se proponen siempre deben sujetarse al marco constitucional. Dicho esto, la Corte observó varias inconstitucionalidades en el proyecto de ley materia de análisis.

  4. La Corte añadió que las medidas legislativas estaban reñidas con los derechos constitucionales al debido proceso, seguridad jurídica y legalidad. Puntualmente, el dictamen resolvió: i) declarar inconstitucional la imprescriptibilidad de la acción de dominio por ser violatoria del derecho a la seguridad jurídica e imponer una carga desproporcionada a las personas, al pedirles que guarden, a perpetuidad, los respaldos de la licitud de todo bien que adquieran y de los fondos usados para dicho propósito. Vale señalar, que pretender que las personas guarden los justificativos de adquisición de un bien, de forma indefinida, podría derivar en graves afectaciones en caso de que hayan extinguido su derecho de dominio en el futuro. Por lo tanto, la Corte consideró que esta propuesta legislativa debía estar definida de mejor manera y no plantearse de forma indeterminada para evitar ser violatoria de derechos constitucionales; ii) declarar que el término “retrospectividad” era una suerte de aplicación retroactiva de una medida de sanción. Ergo, esto afecta al principio de irretroactividad de la ley porque implicaría que se impongan sanciones respecto de hechos anteriores y situaciones jurídicas no consolidadas, lo cual resulta muy amplio y excluiría a muchos actos y negocios jurídicos que dieron origen a la compra de bienes en el pasado. Esto implicaría que bienes adquiridos inclusive desde la fundación de la República, sean objeto de la acción de extinción de dominio sin importar el tiempo transcurrido, las sanciones que se hayan impuesto en su momento, los terceros de buena fe que adquirieron dichos bienes, etc.; iii) concluir que la definición de “actividad ilícita” contenida en el proyecto es muy amplia e indeterminada, y, por lo tanto, está reñida con el principio de claridad; Esto, derivaría en sanciones desproporcionadas. La Corte sugirió al legislativo enmendar esta situación e identificar con claridad las causales de procedencia para la acción de extinción de dominio, así como las sanciones a las mismas. Estas sanciones, en cualquier caso, deberán ser proporcionales; y, iv) enfatizar que si el Presidente estima que ciertos artículos del proyecto son inconstitucionales debe objetarlos expresamente, caso contrario impide a la Corte pronunciarse sobre estos aspectos.

  5. Por ahora, el proyecto de ley volverá a la Asamblea para las enmiendas respectivas dirigidas a eliminar las inconstitucionalidades anotadas. Luego de esto, el proyecto será remitido al Presidente para su análisis y objeción, de ser procedente.

Nota: Este es un documento informativo, no constituye asesoría u opinión legal.